Juan Miguel Alcántara Soria, Jorge Alberto Lara Rivera, José Alberto Balbuena y Salvador Mejía conjuntan su experiencia y conocimientos en las materias de seguridad y procuración de justicia, inteligencia financiera, gobierno corporativo y administración de riesgos para ofrecer a las empresas y profesionales sus servicios de asesoría, capacitación y asistencia en una materia fundamental: la prevención en materia de lavado de dinero.
La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 17 de octubre de 2012, representa un paso decisivo para proteger la economía nacional y el Estado de Derecho. Con esta ley, que entrará en vigor el 17 de julio de 2013, México se une a la vanguardia internacional para generar mecanismos que salvaguarden el Estado de Derecho y la economía del país. El plazo para su entrada en vigor debe ser aprovechado para la capacitación, la generación de cultura antilavado en el interior de las organizaciones y la creación de los mecanismos necesarios para el cumplimiento de la ley.
A efecto de prestar un servicio que pueda satisfacer los importantes requerimientos que los empresarios y los profesionistas en este ámbito, Juan Miguel Alcántara Soria, Jorge Alberto Lara Rivera, José Alberto Balbuena y Salvador Mejía han configurado el Sistema Integral para la Prevención de Lavado de Dinero, que tiene, como uno de sus objetivos fundamentales, el auxiliar a los sujetos obligados para que las nuevas medidas relativas a establecer políticas de conocimiento del cliente signifiquen un activo que haga más eficientes y rentables las actividades de sus empresas.
En este marco, el jueves 21 de febrero de 2013 se realizó, en la biblioteca del Club de Industriales, un análisis sobre las implicaciones de la entrada en vigor de este ordenamiento.
Juan Miguel Alcántara Soria, ex secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y presidente del Centro de Estudios y Análisis para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia (CESVIDE), señaló que es muy importante iniciar a la brevedad con los procesos necesarios para el cumplimiento de la ley en el seno de empresas, unidades económicas, despachos profesionales y organizaciones comerciales.
Por su parte, Jorge Alberto Lara Rivera, ex subprocurador jurídico y de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la República, consideró que es necesario aprovechar los meses previos a la vigencia plena de la ley para generar una cultura de prevención de manera transversal en las organizaciones. Lo anterior se debe lograr, en primer lugar, a partir de procesos con información y capacitación especializada. “La prevención del lavado de dinero es parte de una tendencia mundial irreversible a la que nuestro país se incorpora decididamente con el régimen de nuevos sujetos obligados, tal como ocurre en la comunidad internacional”, indicó Lara Rivera.
En su oportunidad, José Alberto Balbuena, quien fuera titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, destacó la importancia de generar procesos que faciliten el cumplimiento de la normatividad, como un factor clave para el éxito en la materia. Hizo énfasis en el cambio de paradigma del lavado de dinero, que tradicionalmente se hacia a través del sistema financiero, y subrayó cómo dicha práctica se ha desplazado a actividades económicas y comerciales muy diversas.
Por otro lado, Salvador Mejía señaló que las empresas que adopten procesos de prevención de lavado de dinero no sólo estarán cumpliendo con las prescripciones de la ley sino que fortalecerán sus esquemas de gobierno corporativo y de administración de riesgos, lo que redundará en su beneficio.
El grupo de especialistas, con amplia experiencia en temas de procuración de justicia, inteligencia financiera y gobierno corporativo, ofrece a empresas y profesionistas los servicios inherentes de asesoría, capacitación e implementación de los mecanismos necesarios para cumplir con la legislación para la prevención del lavado de dinero, con el menor impacto regulatorio posible y orientando a sus clientes para que maximicen los beneficios en seguridad y confiabilidad que traerán estas prácticas.
En torno a vulnerabilidades corporativas, el régimen de prevención de lavado de dinero para nuevos sujetos implicará un paso muy importante para que nuestro país y sus empresas constituyan una economía fuerte y confiable en los planos nacional e internacional.